En el marco de las críticas realizadas a la ley de delitos económicos, despachada por el Congreso el pasado 15 de mayo. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acudió al Tribunal Constitucional (TC) recalcando inconstitucionalidad en la norma.
Ayer, los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube en representación de la CPC, presentaron un documento de 34 páginas que expone una serie de argumentos y antecedentes para que ser considerado en el órgano jurisdiccional del Estado.
«Las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico», advierten.
Por el contrario, el texto plantea que «lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público Económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general».
«La mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos», detalla el «téngase presente».
«El proyecto de ley presume de derecho -sin que sea admisible prueba en contrario- una ‘culpabilidad muy elevada’ de una persona solo por el hecho de tener ‘posición jerárquica superior en la organización’ al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución», defiende el texto.
Ante esto, el Gobierno se manifestó «es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país», respondió la secretaria de Estado, Camila Vallejo.