El pasado lunes un informe publicado y realizado por la Comisión de Investigación británica dio a conocer el mayor escándalo de la salud pública del Reino Unido hasta el momento.
Un encubrimiento deliberado por parte de las autoridades británicas entre 1970 y 1991 de transfusiones de sangre contaminada con VIH y hepatitis provocó que más de 30.000 personas se infectasen con dichas enfermedades, de las cuales unas 3.000 ya murieron.
Esto surge debido a que pacientes con hemofilia recibieron un tratamiento derivado del plasma sanguíneo llamado Factor VIII, promocionado como revolucionario. El Servicio de Salud del Reino Unido comenzó a usar Factor VIII en la década de 1970 debido a su conveniencia y lo consideró un medicamento milagroso. Sin embargo, la demanda al superada drásticamente por la oferta los funcionarios de salud comenzaron a importar Factor VIII desde Estados Unidos. Donaciones que en su mayoría provenían de prisioneros y usuarios de drogas aumentando la probabilidad de contaminación del plasma.
Cabe destacar que Factor VIII se producía mezclando plasma de miles de donaciones. Un proceso de agrupación, donde la sangre de un donante infectado comprometía todo el lote, pero los pacientes jamás fueron informados del gran riesgo. Se estima que 30.000 personas se contagiaron y 3.000 personas perdieron la vida en esta negligencia.
A principios de la década de 1990 el gobierno británico creó una organización benéfica para hacer pagos únicos de apoyo a los infectados con VIH, no admitió responsabilidad y presionó a las víctimas para que firmaran un acuerdo de exoneración que les impedía demandar al Departamento de Salud para recibir el dinero y también por el contagio de hepatitis, a pesar de que en ese momento solo sabían de su infección por VIH.
Tuvieron que transcurrir dos décadas para que se diera a conocer el ocultamiento de este caso después que la política conservadora y ex primera ministra, Theresa May, estableciera la investigación en 2017.
Ya en julio de 2022 y abril de 2023 la investigación publicó dos informes provisionales en los que se recomendaba al Gobierno británico indemnizar a los afectados. Una demanda que aceptó iniciando pagos de hasta 100.000 libras a unos 4.000 supervivientes y sus familiares, se espera que las compensaciones alcancen los miles de millones de euros.
Esto resonó en el actual gobierno británico ya que el primer ministro Rishi Sunak, expresó desde la sede de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento británico que «quiero pedir disculpas inequívocas, por las consecuencias devastadoras y por la mala gestión de la respuesta a los casos de sida y hepatitis en víctimas de la sangre infectada», reconociendo el ocultamiento por parte del Reino Unido.